La educación médica a examen
Primera parte

Carlos Pallán Figueroa
capafi2@hotmail.com

1“Cada diploma que tiene un médico en su consultorio donde se ostenta como especialista en alguna rama de la medicina, representa un negocio para asociaciones y gremios de galenos, los cuales se enfrentan entre sí para explotarlo”. Con esta entrada resumió el diario Reforma (Sara Cantera, Negocios, pp.17) un reportaje sobre la temática de certificación, costos implicados y entidades reguladoras en torno a la profesión médica. El asunto viene a sumarse al escándalo de la “venta” del examen nacional de residencias médicas, mismo que sería sustentado por 25 mil candidatos para ocupar alguna de las 5 mil 500 plazas disponibles dentro de la infraestructura hospitalaria y educativa del país.

El problema que se resalta en la publicación de referencia no es nuevo. Tiene ya mucho tiempo y el mérito del reportaje es, precisamente, poner al día el estado de la cuestión. De acuerdo con ello, se trata de un enfrentamiento entre los distintos colegios médicos de México y los consejos de certificación de médicos especialistas, entidades que “están sosteniendo una lucha por ver quién de los dos tiene la validez jurídica y moral para certificar a los especialistas mexicanos”.

Los consejos apoyan su facultad de certificar en la Ley General de Salud, mientras que los colegios médicos (entidades que agrupan a profesionales de la medicina de distintas especialidades) afirman que son éstas agrupaciones las que, en conformidad con la Constitución, pueden otorgar las certificaciones que avalan a un especialista.

El problema es muy fuerte, desde el punto de vista del ejercicio de una profesión y la confianza que debe haber entre los solicitantes de dicho servicio, pero no se restringe al ámbito de la medicina. Se extiende prácticamente a todas las profesiones y significa una asignatura pendiente desde hace muchos años. ¿Será éste el sexenio en que se den pasos definitivos para resolverlo? A continuación se analiza todo esto.

2. El artículo quinto constitucional es enfático al afirmar que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión que le acomode siendo lícita, agregando que la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. La Ley de Profesiones desarrolla los principios de dicho precepto y, con base en convenios y acuerdos con prácticamente todas las autoridades estatales, es la SEP quien otorga cédulas profesionales que tienen validez en todo el territorio nacional.

En el caso de la medicina, cada especialidad es académicamente un posgrado, y el problema remite no sólo a la instancia facultada para certificar sino también a los costos implicados. Según el reportaje, la certificación de un especialista cuesta cinco mil pesos. Si, de acuerdo con las diez principales especialidades médicas del país, se cuenta con un poco más de 60 mil profesionales, los ingresos obtenidos por tal concepto son, indudablemente, significativos.

El problema de fondo, en medicina y en cualquiera otra de las áreas profesionales, es el de la calidad de los profesionales y la de las instituciones que los forman.  Los documentos que reconocen, avalan o certifican dicha calidad serían, en todo caso, una cuestión secundaria. Invertir los términos, que es lo que parece que ha estado sucediendo, hace casi imposible resolver dicho problema.

De acuerdo con ello, la calidad de la educación sería la cuestión central. Desde hace muchos años organizaciones científicas, educativas y gremiales mostraron preocupación por la calidad de los servicios médicos. Así, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, los distintos colegios de médicos, han realizado actividades que tienen como propósito central la elevación de la calidad en la prestación de servicios por parte de los profesionales de esa área.

Pero, como en otros ámbitos de la vida social del país, el crecimiento demográfico imprimió su realidad en la magnitud de cada subsistema de formación de profesionales. No es lo mismo una matrícula de estudiantes de medicina de menos de 40 mil alumnos, como acontecía en 1970, a la de casi 200 mil de ahora.

*Ex Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.